Operación Fiasco

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Juan Manuel Olarieta

Había que liberar a los Santos Lugares de infieles, pero antes Garzón necesitó que la CIA se lo autorizara para iniciar su particular Guerra Santa contra los fundamentalistas, los talibanes, Al-Qaeda, los yihadistas, los salafistas o, en fin, contra lo que siempre se dijo: los moros. Si ellos desatan la Yihad, nosotros volvemos a nuestras Cruzadas.

Hasta el 11 de setiembre de 2001 no se abrió la veda. Es como si antes en España, que tiene un pie en el Magreb, no hubiera habido moros. Pero desde que hemos sabido de su existencia se han abierto más de 20 operaciones policiales de gran envergadura para acabar con ellos, la primera sólo 15 días después del 11-S.

Se trata de operaciones fantasmagóricas en las que los medios de comunicación juegan un papel fundamental porque se hacen de cara a la galería, lo que da lugar a titulares tan pintorescos como éste: “A pesar de la efectividad policial, solo el 14% de los 556 detenidos entre 1996 y 2012 ha acabado con condena judicial”(*). ¿A eso le llaman “efectividad policial”?, ¿a detener a cientos de pesonas sin ninguna clase de fundamento?

Es un cambio significativo del derecho procesal, ya que las detenciones han desaparecido; ahora lo que hay son “operaciones”, un término que la policía ha tomado del ejército. Cualquier “operación” implica un despliegue de medios antes inexistente. Son acciones indiscriminadas, redadas masivas, porque esa es la noticia, el despliegue de robocops uniformados y encapuchados tirando abajo las puertas de las casas, todo delante de las cámaras de la televisión, al más puro estilo reality show.

No obstante, hay algo en las operaciones policiales que cambia respecto a las militares: la operaciones policiales se agotan en sí mismas. Lo de menos es lo que ocurra después, el resultado, la victoria o la derrota. Los mismos medios que informan de la detención no se acuerdan luego ni de la liberación ni de la absolución. El espectáculo termina cuando los 60 segundos de grabación se pasan por el noticiario de las 9 de la noche en las cadenas de televisión. La operación ya ha cumplido su papel circense.

La primera fue la Operación Dátil, muy pocos días después del 11-S, cuando el servilismo de la Audiencia Nacional hacia los gringos se volvió a manifestar en todo su esplendor: la CIA le pasó a Garzón un listado de 35 personas que habían participado en la voladura de las Torres Gemelas. Todos ellos fueron detenidos y luego absueltos por el Tribunal Supremo por el crimen de Nueva York.

Dos años después la policía detuvo en Granada al corresponsal en España de la televisión Al-Yazira, Taysir Alony Kate por entrevistar a Bin Laden en Afganistán un mes después del 11-S. El relato de los hechos es siniestro ya que el periodista estaba siendo investigado por la policía desde 1994, es decir, que llevaban casi una década tras sus pasos, tiempo más que suficiente para reunir todas las pruebas necesarias… si es que había algo que probar.

Después de un calvario judicial en el que el periodista llegó a ser condenado por la Audiencia Nacional, el Tribunal de Estrasburgo no sólo ordenó su liberación sino que España debía indemnizarle porque la Audiencia Nacional no cumplía los requisitos mínimos de un tribunal imparcial. Pero nueve años después de su detención nadie se acordaba ya de aquella historia; nunca fue noticia.

Trece meses antes del 11-M, los atentados de Atocha de 2004, se produjo una de esas operaciones espectaculares en la que fueron detenidas 16 personas de origen magrebí residentes en Girona. Se les acusó de posesión de material químico para fabricar explosivos con los que pretendian volar la base naval de Rota.

Tras varios meses de cárcel todos ellos fueron puestos en libertad. Según un informe pericial el material químico del que habló la prensa era detergente y ralladura de coco (literal). Desde fuera, para los que no fueron detenidos, el asunto fue tan grotesco que acabó en chiste, aunque ahora ha quedado olvidado: había nacido el “Comando Dixan”, un emblema de la payasada judicial.

El grotesco comando yihadista demostró hasta qué punto el gobierno manipula la policía y la Audiencia Nacional. La farsa se orquestó con varios propósitos políticos diferentes. El primero, el de justificar la intervención militar en Irak, ya que el yihadismo también amenazaba a España. El segundo, para desviar la atención de lo que sucedía con el Prestige.

(*) http://www.20minutos.es/noticia/2077061/0/terrorismo-yihadista/espana-amenazas/#xtor=AD-15&xts=467263

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