La Privatización de la Cárcel de Huelva es un Circo

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“La situación es esperpéntica, grotesca, disparatada”. Así define un miembro de la Guardia Civil destinado en la prisión de Huelva los últimos meses vividos en este centro penitenciario. Los vigilantes que tienen que controlar el perímetro exterior de la cárcel tienen que ser a su vez vigilados porque se llevan mal. Y eso que solo son siete en la plantilla. Peleas, agresiones e incluso persecuciones en la carretera que terminan con coches fuera de la calzada son algunos de los incidentes que han tenido lugar.

Los agentes de la Benemérita destacados en la prisión, hartos de aguantar a sus ‘compañeros’, han elevado al juzgado una denuncia en la que piden que dos de ellos no vuelvan a prestar servicio en el centro penitenciario. El titular del Juzgado número 4 de instrucción de Huelva ya ha abierto diligencias. Además, de los siete trabajadores implicados (todos de la empresa Ombuds) tres están de baja, según fuentes penitenciarias.

Los incidentes también han provocado las quejas de los sindicatos, que vuelven a poner en duda el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones, la solución que buscó el Ministerio del Interior para ayudar a cuadrar las cuentas de las empresas de seguridad que se quedaron sin parte de su negocio tras el fin de la violencia de ETA, la protección de amenazados.

El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip acaba de enviar un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Huelva para interesarse sobre si estos incidentes “se han puesto en conocimiento del órgano encargado de evaluar la idoneidad de este programa de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios” y, sobre todo, para conocer si “se ha dado traslado a las autoridades judiciales”. Interior, de momento, nunca ha informado públicamente de cómo se está desarrollando este programa, que lleva ya dos años funcionando. Acaip solicita la rescisión del contrato en la prisión de Huelva “ya que parece que se ha producido un incumplimiento del pliego de condiciones”.

El primer incidente se produjo el pasado 29 de enero, cuando dos de los vigilantes se pelearon en la garita de entrada al centro penitenciario. Francisco Javier C. R. agredió a Marco Antonio P. L. y le causó heridas sangrantes en la mejilla y en la cabeza. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital. La disputa, según la denuncia de la Guardia Civil, se había iniciado porque los dos vigilantes no se ponían de acuerdo sobre el puesto de cada uno al iniciar su turno: el control de entrada o el control de cámaras de seguridad.

Manuel Antonio declaró ante el juzgado que Francisco Javier le quiso quitar el arma, que le insultó y que le amenazó. “Me cogió del cuello, me zarandeó y me golpeó en la cara con su puño derecho; caí al suelo y siguió pegándome puñetazos y rodillazos hasta que vino otro compañero y nos separó”, aseguró. Francisco Javier, por su parte, también denunció agresiones por parte de Marco Antonio. “Me pegó un guantazo en la cara; tras eso, intentó propinarme dos puñetazos, uno lo esquivé y otro me dió en la cara; en el transcurso de los hechos, intentó quitarme el arma y ésta cayó al suelo cargada; me amenazó con pegarme un tiro porque me dijo que me tenía ganas”, dijo Francisco Javier. Tras escuchar sus declaraciones, el juez ha pedido los informes médicos de las lesiones, señalan fuentes jurídicas.

El segundo incidente se produjo el 4 de julio, cuando Antonio D. G., precisamente el vigilante que medió en la pelea de enero, intentó echar de la carretera a otro compañero, Ángel Javier S. M. Este también puso una denuncia y solicitó el testimonio de un taxista que al parecer vio lo sucedido. El guardia civil que elabora su denuncia relata que “Ángel, en estado de nerviosismo, reiteró textualmente ‘aquí va a pasar algo con Antonio, estoy harto de decirlo, no me deja trabajar ni vivir en paz’, rompiendo a llorar y diciendo que está teniendo problemas laborales de todo tipo con Antonio”.

El tercer incidente se produjo el 9 de agosto de 2014, con Antonio D.G. de nuevo implicado. El vigilante amenazó en la sala de monitores a otro compañero, de nombre Ángel, porque el primero se había pasado del tiempo de descanso estipulado y el segundo se lo había recriminado. El mando de la Guardia Civil en la prisión de Huelva ha pedido a la empresa Ombuds que los dos vigilantes implicados en la pelea de enero “no vuelvan a prestar servicio en este centro debido al bochornoso espectáculo ofrecido”. La Guardia Civil les ha incoado además un expediente para la revocación de sus licencias de armas.

No acaban aquí las anomalías. La Guardia Civil también ha recriminado a Ombuds que haya enviado a la prisión como sustitutos de los agentes privados que están de baja a otros dos vigilantes sin licencia de armas, “cuando el servicio que se presta en la barrera del centro obligatoriamente ha de ser con arma”. El instituto armado pide a Ombuds que solucione este problema “para no tener que informar del incumplimiento del pliego de condiciones suscrito entre Ombuds y el Ministerio del Interior”.

Esta empresa de seguridad es una de las diez firmas de seguridad que se han llevado el contrato para vigilar el exterior de los 67 centros penitenciarios que hay en España (sin contar los de Cataluña). El Ministerio del Interior paga 33 millones de euros anuales a estas empresas. El objetivo era recolocar a 800 escoltas que debido al fin de la amenaza de ETA habían perdido su trabajo, aunque a día de hoy solo el 10% de los vigilantes contratados trabajaron de escoltas en el País Vasco y Navarra. En octubre está previsto que se ponga en marcha la tercera fase de este plan de privatización, aunque Interior aún no ha confirmado si se pondrá en marcha o finalmente se retrasará.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se ha mostrado crítico con el plan: “Llevamos casi tres años con los puestos duplicados y los gastos duplicados, porque no se ha cumplido lo que dijo Interior, que los guardias civiles dejaríamos las prisiones para hacer labores de seguridad ciudadana porque nos iban a sustituir los vigilantes. No es verdad. Fue un pretexto para colocar a los vigilantes”, señala un portavoz de AUGC.

Acaip señala que “habría que reflexionar sobre el proceso de selección, la capacitación, las condiciones de trabajo y los requisitos que se exigen a los vigilantes que prestan servicio en la seguridad perimetral; algunos de los vigilantes implicados en estos sucesos tenían acceso a armas de fuego, lo que supone una fuente de preocupación añadida”. El Confidencial ha intentado, sin éxito, conocer la versión de la empresa Ombuds.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-18/vigilantes-que-se-echan-de-la-carretera-y-se-pegan-la-privatizacion-en-las-prisiones_1017990/

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